Consejo de Derechos Humanos

16º período de sesiones

Tema 3 de la agenda

Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo

               Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías, Sra. Gay McDougall

                         Adición

                   Misión a Colombia***

Anexo

               Informe de la Experta independiente sobre cuestiones de las minorías relativo a su misión a Colombia (1º a 12 de febrero de 2010)

Índice

                                                                                                                                                                                  Párrafos     Página

                 I.      Introducción............................................................................................................................................... 1–2              3

               II.      Panorama general...................................................................................................................................... 3–5              3

              III.      Marco jurídico y mecanismos de aplicación....................................................................................... 6–15              4

              IV.      Discriminación y pobreza..................................................................................................................... 16–32              6

                         A.     Discriminación y racismo............................................................................................................ 16–21              6

                         B.      Proporción excesiva de afrocolombianos que viven en la pobreza...................................... 22–27              7

                         C.      Respuestas del Gobierno a la discriminación y la pobreza.................................................... 28–32              8

               V.      Violencia y desplazamiento.................................................................................................................. 33–66              9

                         A.     Desplazamiento desproporcionado de los afrocolombianos................................................ 33–43              9

                         B.      La violencia y el desplazamiento sufridos por las mujeres                                    afrocolombianas........................................................................................................................... 44–47            12

                         C.      Respuestas del Gobierno a la violencia y los desplazamientos............................................ 48–51            13

                         D.     Respuestas de las fuerzas de seguridad................................................................................... 52–53            14

                         E.      La Defensoría del Pueblo............................................................................................................ 54–56            14

                         F.      Justicia de transición, reparación y restitución....................................................................... 57–62            15

                         G.      Conclusiones de la Corte Constitucional................................................................................. 63–66            16

              VI.      Apropiación de las tierras de los afrocolombianos.......................................................................... 67–70            17

             VII.      El derecho a ser consultados y a participar en la toma de decisiones.......................................... 71–83            18

                         A.     Participación política................................................................................................................... 71–73            18

                         B.      Consejos comunitarios................................................................................................................ 74–77            18

                         C.      El derecho a la consulta y al consentimiento libres, previos e informados......................... 78–83            19

           VIII.      Conclusiones y recomendaciones.................................................................................................... 84–101            21

         I.    Introducción

1.          La Experta independiente visitó Colombia del 1º al 12 de febrero de 2010 y tuvo el honor de reunirse con el Presidente Álvaro Uribe Vélez y con numerosos representantes gubernamentales de alto rango. También pudo consultar a representantes de las comunidades afrocolombianas y reunirse directamente con cientos de sus miembros. La Experta independiente da las gracias al Gobierno de Colombia por la cooperación que brindó a su mandato, a las organizaciones no gubernamentales (ONG) y personas que proporcionaron información y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia por su apoyo excepcional. Después de su visita se ha elegido un nuevo Gobierno, dirigido por el Presidente Juan Manuel Santos.

2.          La evaluación que hace la Experta independiente de la situación de las minorías en Colombia se basa en la Declaración de 1992 sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (A/RES/47/135) y en otras normas internacionales pertinentes que le han permitido determinar cuatro ámbitos generales de interés en relación con las minorías de todo el mundo: a) la protección de la supervivencia de las minorías combatiendo la violencia contra ellas y previniendo el genocidio; b) la protección y promoción de la identidad cultural de los grupos minoritarios y el derecho de los grupos nacionales, étnicos, religiosos o lingüísticos a gozar de su identidad colectiva y rechazar la asimilación forzosa; c) la garantía del derecho a la no discriminación y la igualdad, entre otros medios, poniendo fin a la discriminación estructural o sistémica y promoviendo las medidas de acción afirmativa cuando sea necesario; y d) la garantía del derecho de los miembros de las minorías a participar de manera efectiva en la vida pública, en especial con respecto a las decisiones que los afecten.

        II.    Panorama general

3.          La historia de los afrocolombianos se inicia con la esclavitud y las violaciones flagrantes de los derechos de los afrodescendientes. Los esclavos que escapaban de las plantaciones costeras se vieron obligados a refugiarse en regiones geográficamente apartadas de las costas del Pacífico y el Atlántico, donde crearon comunidades y medios de sustento en unas condiciones climáticas extremas y en situación de aislamiento y pobreza. Por ello, los afrocolombianos tienen un especial apego a sus tierras ancestrales como lugar de refugio y supervivencia en el que se han mantenido sus culturas.

4.          Según el censo de 2005, los afrocolombianos constituyen el 10,62% de la población (4.311.757 personas). Sin embargo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y la Defensoría del Pueblo reconocen deficiencias en la recopilación de datos y sostienen que esa cifra en realidad se acerca al 25%, o 10,5 millones de personas. El censo no logró reflejar fielmente la situación demográfica y socioeconómica de la población afrocolombiana[1]. Al considerarse que determinadas zonas afrocolombianas eran inaccesibles, se usaron estimaciones demográficas en lugar de estadísticas verificadas.

5.          La visita de la Experta independiente se centró en las comunidades que se identifican como afrocolombianas, negras, raizales[2] y palenqueras[3]. Visitó Bogotá y las regiones costeras del Caribe/Atlántico y el Pacífico en las que las comunidades afrocolombianas están más presentes, como Cartagena, San Basilio de Palenque, Turbaco (Bolívar), la región de Urabá y Curvaradó (Chocó/Antioquia), Apartado, Quibdo (capital de Chocó), Cali, Buenaventura (Valle del Cauca) y el municipio de Suárez (Cauca).

      III.    Marco jurídico y mecanismos de aplicación

6.          El artículo 7 de la Constitución de Colombia establece que el Estado "reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana". El derecho a la igualdad y a la no discriminación se incorpora en la Constitución mediante los siguientes elementos: a) un principio general según el cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades; b) la prohibición de la discriminación; c) el deber del Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva para todas las personas (art. 13); y d) la posibilidad de instituir medidas especiales para mejorar las circunstancias de los grupos discriminados o marginados (art. 13)[4].

7.          Existe un marco institucional de formulación de políticas para proteger los derechos de los grupos étnicos. El Ministerio del Interior y de Justicia tiene una Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom y una Dirección de Asuntos para Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras. Además, el Vicepresidente encabeza la Comisión Intersectorial para el Avance de la Población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal.

8.          La Ley Nº 70, de 1993, por la que se reconoce el derecho de las comunidades negras de Colombia a la propiedad y ocupación colectivas de sus tierras ancestrales, es la principal legislación nacional dedicada a los derechos de los afrocolombianos y es ejemplar en sus disposiciones de protección y promoción de sus derechos. Su artículo 1 dispone: "La presente ley tiene por objeto reconocer a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva". La Ley Nº 70 establece una amplia variedad de derechos colectivos e individuales, como el derecho a la educación y a la protección de la identidad cultural.

9.          En la Ley Nº 70 se establece el proceso para otorgar un título de propiedad colectiva sobre la base de una evaluación técnica de las solicitudes y de información como la descripción física del territorio, los antecedentes etnohistóricos, la descripción demográfica y las prácticas tradicionales de producción. El territorio colectivo será "inalienable, imprescriptible e inembargable"[5]. En el artículo 5 se exige a cada comunidad que forme un consejo comunitario como forma de administración interna para recibir en propiedad colectiva las tierras adjudicables.

10.        En su informe de 2008 al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD/C/COL/14), el Gobierno afirmó que, en virtud de la Ley Nº 70, había expedido títulos colectivos sobre 5.128.830 ha, beneficiando a 60.418 familias. El Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) ha tramitado desde 2008 solicitudes de titulación colectiva que han aumentado el total en otras 454.152 ha. En conjunto, esa superficie representa aproximadamente el 5% del territorio nacional.

11.        Los derechos de los afrocolombianos sobre las tierras que se reconocen en la Ley Nº 70 no comprenden los derechos sobre los recursos naturales renovables y no renovables ni sobre el subsuelo. No obstante, entre las disposiciones relativas al uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, el artículo 24 establece que "para todos los efectos de explotación de los recursos forestales que contempla este artículo se priorizarán las propuestas de las gentes de comunidades negras".

12.        El recién elegido Gobierno de Juan Manuel Santos ha anunciado que concede una gran prioridad a los derechos humanos y que se han hecho grandes avances para aprobar un plan nacional de acción en la materia[6]. El Plan Nacional de Desarrollo que se está debatiendo cuenta con un capítulo dedicado a los derechos humanos. El nuevo Gobierno ha creado el Programa Presidencial de Asuntos Afrocolombianos, cuyo Director es afrocolombiano, y ha establecido una Comisión de Alto Nivel encargada de formular recomendaciones para mejorar las condiciones de vida de las minorías étnicas. En varios instrumentos de políticas públicas nacionales y provinciales ya existen disposiciones sobre los derechos humanos. También se ha aprobada una política de derechos humanos para el Ministerio de Defensa.

13.        En 2000 se creó el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario a cargo de la Vicepresidencia[7], cuyo objetivo era elaborar una política nacional que aumentara la colaboración entre diferentes instituciones gubernamentales, como la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura, la Defensoría del Pueblo, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio del Interior y de Justicia.

14.        La Defensoría del Pueblo es independiente, de conformidad con los Principios de París, y se encarga de velar por la protección y promoción de los derechos humanos. El Defensor del Pueblo, que tiene una Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas, presenta al Congreso de la República un informe anual sobre cuestiones de derechos humanos, recibe quejas y proporciona asistencia, información y abogados defensores de oficio para los procesos penales. El Defensor del Pueblo ha establecido un importante sistema de alerta temprana y evaluación de riesgos. La Fiscalía General ha establecido una dependencia para el enjuiciamiento de las violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

15.        Colombia ha ratificado los tratados de derechos humanos más pertinentes para las minorías, entre ellos la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. El artículo 93 de la Constitución establece que los tratados y convenios internacionales de derechos humanos prevalecen en el orden interno y que la Constitución debe interpretarse de conformidad con ellos.

      IV.    Discriminación y pobreza

           A.     Discriminación y racismo

16.        El legado de la esclavitud perdura y se manifiesta en las comunidades que están social y económicamente marginadas y se enfrentan a actitudes racistas y discriminación estructural. El Gobierno reconoce que "las comunidades afrocolombiana e indígena aún son víctimas de distintas formas de discriminación racial…, un problema cultural complejo que tiene sus raíces en la historia de Colombia y de América Latina, y que ha propiciado un escenario en el que las comunidades indígena y afrocolombiana han sido tradicionalmente objeto de marginación, pobreza y vulnerabilidad a la violencia". El Gobierno afirma que el hecho de que reconozca esos problemas ha propiciado la aprobación de programas de acción afirmativa para reducir las desigualdades en la prestación de servicios públicos y reducir las brechas sociales que afectan a los afrocolombianos y a otras poblaciones históricamente vulnerables.

17.        El censo de 2005 recogió por primera vez datos sobre las distintas categorías étnicas a fin de obtener la información estadística necesaria para elaborar las políticas públicas y los programas de acción afirmativa destinados a combatir la discriminación contra los afrocolombianos. No obstante, sigue habiendo muy pocos datos socioeconómicos oficiales desglosados por raza o etnia que permitan detectar las desigualdades que sufren los afrocolombianos. Si bien las estadísticas de derechos humanos del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario diferencian entre los homicidios de indígenas, sindicalistas o políticos, no tienen una categoría para las víctimas afrocolombianas[8]. Si además se tiene en cuenta la flagrante subestimación estadística del número de afrocolombianos, es probable que las políticas del Gobierno se adopten sin conocer el alcance de los problemas a que se enfrentan las comunidades afrocolombianas.

18.        Los representantes de las comunidades afrocolombianas destacan la existencia de una discriminación estructural generalizada, entre otras cosas, en el acceso a una educación de calidad, al empleo, a la vivienda y a la justicia, así como en la participación efectiva en la vida económica y política. Según las estimaciones, el índice de analfabetismo de la población afrocolombiana es del 30%, en comparación con el promedio nacional, que se sitúa en el 16%[9]. Casi el 10% de los niños afrocolombianos de entre 6 y 10 años no tienen acceso a la enseñanza primaria, y se cree que ese porcentaje es mucho mayor en algunas regiones[10].

19.        Los afrocolombianos están muy insuficientemente representados en el sector público, apenas lo están en puestos de responsabilidad y se enfrentan a obstáculos discriminatorios para acceder a un empleo en el sector privado. Debido a la discriminación que padecen y a su bajo nivel de estudios, sus oportunidades de empleo se limitan en gran medida al sector no estructurado en trabajos como el comercio ambulante. La mayoría de las comunidades rurales dependen de la agricultura de subsistencia y, en algunas zonas, de la minería en pequeña escala. Las mujeres afrocolombianas señalaron que estaban excesivamente representadas en trabajos como el empleo doméstico y los puestos no calificados, que a menudo eran los únicos empleos a los que podían acceder.

20.        En 1999, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial describió en sus observaciones finales (CERD/C/304/Add.76) "la segregación racial de facto en las zonas urbanas" y señaló que la discriminación confinaba a los afrocolombianos a los barrios más pobres y a viviendas de escasa calidad. Las consultas de la Experta independiente pusieron de manifiesto que esa situación persiste en 2010. Al parecer, continúa la discriminación en el acceso a los lugares públicos, pese a que ha habido al menos un caso notorio de encausamiento de un club nocturno por denegar la entrada a unas jóvenes afrocolombianas[11]. El Gobierno asegura que esos incidentes no son frecuentes en todo el país. Los afrocolombianos señalan que los medios de comunicación perpetúan los estereotipos raciales y las imágenes negativas de los afrocolombianos, quitan importancia a sus problemas y prestan poca atención a sus contribuciones a la sociedad.

21.        La discriminación, la pobreza y la violencia han tenido efectos transcendentales en la cultura y las estructuras comunitarias afrocolombianas. Por ejemplo, los miembros de la comunidad de San Basilio de Palenque, cuyos habitantes mantienen los elementos culturales singulares de su herencia africana, señalaron a la Experta independiente que la discriminación, la pérdida de territorio y la falta de acceso a la educación, los servicios públicos y las oportunidades de empleo habían acarreado problemas sociales y una erosión cultural. Sin embargo, el Gobierno señala que tiene la firme voluntad de asegurar la supervivencia de las culturas, lenguas e identidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.

           B.     Proporción excesiva de afrocolombianos que viven en la pobreza

22.        Las zonas con alta densidad de población afrocolombiana son prácticamente las mismas donde hay pobreza extrema. Algunas zonas rurales y guetos urbanos afrocolombianos registran tasas de extrema pobreza superiores al 60% y carecen de acceso a los servicios sociales y los programas de asistencia. Los cinco departamentos con mayor porcentaje de población que vive en la pobreza y con peor calidad de vida son los que tienen mayor concentración de afrocolombianos (Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó y Nariño). Las encuestas y las fuentes del Gobierno[12] arrojan datos estadísticos inquietantes. Alrededor del 80% de los afrocolombianos no tienen cubiertas sus necesidades básicas. El censo de 2005 reveló que casi el 15% de los afrocolombianos pasan hambre uno o más días a la semana, lo que supone más del doble de la media nacional. Casi la cuarta parte de los afrocolombianos carece de ingresos suficientes para asegurar una dieta nutricional básica. El acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento y electricidad es notablemente inferior para muchos afrocolombianos. Chocó tiene el nivel de inversión social per cápita más bajo y ocupa el último lugar en educación, salud e infraestructura.

23.        La esperanza de vida de las mujeres afrocolombianas (66,7 años) es casi 11 años inferior a la media nacional, mientras que, en el caso de los hombres (64,6 años), esa diferencia es de casi 6 años. En Chocó, la tasa de mortalidad infantil es de 54‰, frente a Medellín, donde es de 8‰[13]. La tasa media de mortalidad infantil femenina de la población afrodescendiente se sitúa en 43,9, mientras que el promedio nacional es de 21[14]. La tasa media nacional de mortalidad materna es de 74,9 muertes por cada 100.000 nacidos vivos, mientras que en Chocó es de 227,4[15]. El acceso a los servicios de salud es muy deficiente en muchas comunidades, especialmente en las zonas rurales.

24.        Las personas que viven en las localidades rurales más alejadas e inaccesibles se enfrentan a enormes dificultades particulares. El Gobierno destaca los problemas de suministro de servicios en esas zonas, entre otros, la falta de acceso y de infraestructura de desarrollo y los constantes problemas de seguridad en las zonas de importancia estratégica para los grupos armados ilegales. Los representantes de las comunidades afrocolombianas creen que la discriminación y el abandono contribuyen de manera importante a la deficiencia del suministro de servicios.

25.        En los centros urbanos en los que hay una mayoría de afrocolombianos, como Quibdó y Buenaventura, los niveles de pobreza son desproporcionadamente altos y las condiciones de vida notablemente precarias. Muchos afrocolombianos viven en la pobreza en la periferia de los centros urbanos a causa de la violencia y del desplazamiento forzado de las zonas rurales. Las comunidades rurales desplazadas, en particular las mujeres y los niños, tienen pocos recursos y no están bien preparadas para las zonas urbanas hostiles en las que tienen pocas opciones de generar ingresos. Hasta el 80% de los afrocolombianos desplazados viven en las zonas más pobres y peligrosas de las principales ciudades.

26.        La Corte Constitucional de Colombia cita investigaciones que demuestran que el 96,5% de los afrocolombianos registrados como desplazados viven por debajo del umbral de pobreza[16]. Según los datos del censo de 2005, el 30% de los afrocolombianos desplazados no tenía dinero suficiente para comer al menos un día a la semana y el 69% de los niños afrocolombianos desplazados no tenían acceso a la educación.

27.        En Buenaventura, que es el puerto más grande de Colombia y donde, según las estimaciones, más del 90% de la población es afrocolombiana, los intereses privados y públicos han atraído enormes inversiones y riqueza para el desarrollo del puerto, aunque la ciudad sigue siendo una de las más pobres y abandonadas de Colombia. La mayoría de los afrocolombianos debe conformarse con bajos salarios, malas condiciones laborales y viviendas de baja calidad. Miles de personas desplazadas de la región circundante viven en condiciones de pobreza.

           C.     Respuestas del Gobierno a la discriminación y la pobreza

28.        Las autoridades e instituciones del Estado describieron a la Experta independiente una multitud de iniciativas políticas y programas específicos destinados a las comunidades afrocolombianas, como el Plan Integral de Largo Plazo para la Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal 2006-2010; el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 "Estado Comunitario: Desarrollo para Todos"; el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 para la Población Afrocolombiana; los objetivos y logros de la política de Estado para el Pacífico (Documento Nº 3491 del CONPES, 2007); la "Política de Acción Afirmativa para la Población Negra o Afrocolombiana" (Documento Nº 3310 del CONPES, 2004); y la formulación de la propuesta de Plan Integral de Largo Plazo para la Población Negra, Afrocolombiana, Palenquera y Raizal.

29.        En 2008, el Gobierno creó la Comisión Intersectorial para el Avance de la población Afrocolombiana, Palenquera y Raizal, presidida por el Vicepresidente e integrada por los principales ministros y responsables de departamentos gubernamentales y por asesores, representantes municipales y representantes legales de los consejos comunitarios. Su objetivo es evaluar las condiciones de vida de los afrocolombianos y formular recomendaciones para propiciar su progreso económico y social y el disfrute de sus derechos civiles[17].

30.        Las recomendaciones de la Comisión tienen por objeto luchar contra problemas como el racismo y la discriminación, la escasa participación en la vida política y en la toma de decisiones, la poca capacidad institucional, la desigualdad en la educación y el acceso al empleo, la falta de reconocimiento y valoración social de la diversidad, la poca seguridad jurídica de los derechos de propiedad colectiva y el limitado acceso a los programas de subsidios. No obstante, las consultas con las autoridades pusieron de manifiesto que aún se estaba planificando la aplicación de las recomendaciones.

31.        En lo que respecta a la cooperación internacional, cabe destacar que, en enero de 2010, Colombia y los Estados Unidos de América firmaron un Plan de Acción conjunto sobre la Igualdad Racial y Étnica con objeto de cooperar para promover la igualdad y eliminar la discriminación racial y étnica. Se trata de cooperar en las esferas abarcadas por las iniciativas bilaterales y las recomendaciones de la Comisión Intersectorial.

32.        Con independencia del número de programas gubernamentales, las comunidades y ONG señalaron que en la práctica no se celebraban suficientes consultas, había un escaso nivel de aplicación, faltaban recursos y no se lograban suficientes resultados concretos. Por ejemplo, los subsidios de vivienda para las personas desplazadas no cubren los costos de mercado de la vivienda y pocas de esas personas cuentan con otros recursos para subsanar ese déficit. Es evidente que, con demasiada frecuencia, los recursos financieros asignados a los proyectos no llegan a las comunidades que necesitan urgentemente los servicios.

        V.    Violencia y desplazamiento

           A.     Desplazamiento desproporcionado de los afrocolombianos

33.        El conflicto armado existente desde hace decenios entre el Gobierno, los paramilitares y la guerrilla se ha desarrollado en gran medida en territorios afrocolombianos. Los grupos paramilitares han sido desmovilizados oficialmente y la postura oficial del Gobierno es que el "conflicto armado" ha terminado, aunque siguen ocurriendo algunos actos de violencia[18]. Sin embargo, en todas las comunidades rurales negras que visitó la Experta independiente la informaron fidedignamente de que seguían ocurriendo actos de violencia, asesinatos y amenazas. Comunidades enteras se ven obligadas a huir de sus tierras para buscar seguridad en las ciudades y en entornos urbanos hostiles. Las comunidades consideran que quienes cometen delitos contra ellas gozan de impunidad.

34.        Aunque las masacres y atrocidades a gran escala son ahora menos frecuentes, la opinión expresada a la Experta independiente en muchas de las comunidades que visitó es que, si bien los nombres, uniformes o tácticas de los grupos armados ilegales pueden haber cambiado, persiste la violencia en forma de asesinatos selectivos, desapariciones, intimidaciones y confinamientos forzosos. Según su experiencia, la desmovilización no ha puesto fin a la violencia, pues los paramilitares se han reagrupado con nuevos nombres, como "Las Águilas Negras" o "Los Rastrojos". Las comunidades afrocolombianas siguen denunciando un número consistentemente elevado de actos de violencia e intimidación.

35.        Las ONG señalan una alarmante escalada de la violencia en los últimos meses, con, entre otros hechos, el asesinato de unos 20 líderes afrocolombianos en 2009 que no han sido investigados o cuya investigación no ha arrojado ningún resultado[19]. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias[20] documentó que se seguían produciendo muertes a manos de grupos armados ilegales y miembros de las fuerzas de seguridad, incluidos casos de "falsos positivos"[21]. Confirmó que "las comunidades indígenas y afrocolombianas han sido victimizadas por todas las partes en los conflictos de Colombia" y que "históricamente los paramilitares, a veces en colusión con las fuerzas del Estado, se han apropiado de tierras pertenecientes a los grupos indígenas o afrocolombianos y perpetrado matanzas a fin de intimidar a las poblaciones locales u obligarles a deponer su resistencia". El Gobierno afirma que esos actos constituyen fenómenos criminales que no indican una política del Estado ni un marco de discriminación racial o étnica, y que se han adoptado medidas importantes para investigar esos hechos y castigar a sus autores.

36.        El fenómeno del "confinamiento" de las comunidades (mediante violencia, amenazas y bloqueo económico) resulta preocupante. Los habitantes de las zonas ocupadas por grupos armados ilegales que desean controlar el territorio y la circulación en su interior a veces son confinados por la fuerza a una localidad. Se imponen toques de queda y se impide el acceso normal a los ríos, los terrenos agrícolas, los territorios fronterizos o los mercados. Por consiguiente, las comunidades afrocolombianas afectadas pueden ver limitado su acceso a los artículos de primera necesidad, así como sus oportunidades de continuar sus actividades agrícolas y económicas.

37.        Los territorios de estas comunidades tienen una importancia estratégica para los grupos armados ilegales dedicados a la producción y el tráfico de estupefacientes. Si bien la violencia y las amenazas siguen siendo las principales causas de los desplazamientos, las motivaciones han cambiado en los últimos años. Se han elaborado nuevos planes para el desarrollo macroeconómico de esas regiones mediante inversiones agroindustriales en monocultivos, como la palma de aceite y el banano, concesiones mineras y la explotación ganadera y forestal. La fumigación aérea por el Gobierno para luchar contra los cultivos ilícitos también parece haber provocado desplazamientos masivos, así como problemas de salud debidos al envenenamiento de tierras que, por el contrario, las comunidades destinaban a cultivos alimentarios legales. El Gobierno no reconoce las fumigaciones como causa de los desplazamientos, por lo que esos desplazados internos no tienen derecho a ser reconocidos como tales y no pueden acceder a algunos programas de asistencia.

38.        Durante la visita de la Experta independiente a Curvaradó le relataron las experiencias de las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó. Según fuentes de esas comunidades, 3.000 afrocolombianos fueron desplazados por la fuerza de su territorio colectivo, donde llevaban a cabo actividades agrícolas sostenibles en pequeña escala. La región es estratégicamente importante para diferentes grupos armados y fue escenario en los años noventa de operaciones militares que causaron los primeros desplazamientos. Esta región, rica y de gran biodiversidad, fue posteriormente objeto de "megaproyectos" agroindustriales, entre ellos el cultivo de palma de aceite en gran escala. En consecuencia, las poblaciones fueron desplazadas por los paramilitares, por los narcotraficantes y por quienes deseaban apropiarse ilegalmente de sus tierras para destinarlas a la explotación agrícola o ganadera. Un miembro de la comunidad recordó lo que le habían advertido: "si no se marcha, negociaremos con su viuda".

39.        En 2007, las ONG Asociación de Afrocolombianos Desplazados (AFRODES) y Global Rights informaron de que un total de 252.541 personas habían sido desplazadas de territorios colectivos afrocolombianos situados en 50 municipios. Eso suponía el 79% de la población registrada con derecho a la titularidad colectiva de las tierras. Según las estimaciones de las ONG, a fines de 2009 los afrodescendientes representaban casi un tercio de la población desplazada de Colombia[22], y casi más del 12% de los afrocolombianos vivían en situación de desplazamiento forzado[23]. Esas estimaciones están muy por encima de las cifras registradas oficialmente[24].

40.        En 2009 y 2010 siguió habiendo desplazamientos masivos de afrocolombianos. El 17 de agosto de 2009, 117 miembros de una comunidad fueron desplazados a causa de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control de la zona del río Bajo Baudó. Según se informa, la fumigación aérea intensiva de cultivos en los territorios colectivos de Guapí, en Cauca, provocaron el desplazamiento interno de 56 personas. A fines de 2009, la AFRODES registró tres grandes desplazamientos internos como consecuencia de las fumigaciones aéreas intensivas, las operaciones del ejército colombiano y los enfrentamientos con grupos armados ilegales. Al parecer, el 2 de marzo de 2010, los combates entre el ejército y las FARC provocaron el desplazamiento de 576 afrocolombianos en el municipio de López de Micay, en Cauca. Las fumigaciones de enero de 2010 provocaron supuestamente el desplazamiento de 48 personas al municipio de Guapí.

41.        En Chocó, los enfrentamientos entre grupos armados en 2010 causaron el desplazamiento forzado de afrocolombianos en Antioquia. El 5 de enero, 96 personas de la comunidad afrocolombiana de Puerto Luis, en Alto Baudó, fueron desplazadas debido a los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional. Los días 15 y 16 de febrero, 11 familias fueron desplazadas por la fuerza en la zona rural de Barrancón del municipio de Urrao, en Antioquia, debido a los combates entre las fuerzas militares y las guerrillas de las FARC. El 29 de marzo, 234 miembros de la comunidad de Dipurdú, en Medio San Juan (Chocó), fueron desplazadas por la fuerza debido a la intimidación de "Los Rastrojos", un nuevo grupo armado ilegal. El 17 de abril, alrededor de 100 afrocolombianos abandonaron sus tierras de los municipios de Itsmina y San Juan (Chocó), debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales. El 15 de agosto, 180 afrocolombianos de la comunidad de Unión Berrecuy, en Medio Baudó, fueron desplazados por la fuerza tras el secuestro de 3 miembros de su comunidad y las amenazas de Los Rastrojos.

42.        Otras comunidades viven bajo la amenaza constante del desplazamiento. Durante la visita de la Experta independiente a Buenaventura, los líderes de la comunidad le informaron que la ampliación del puerto, en el marco de una asociación entre los sectores privado y público, provocaría el desplazamiento de unas 3.400 familias. Las comunidades señalan que aún no han sido consultadas. A las comunidades pesqueras afrocolombianas les preocupa que su desplazamiento a zonas alejadas de la costa les impida ganarse la vida con la pesca tradicional. Las comunidades temen que no todas las familias desplazadas tengan derecho a su realojamiento. Se indicó que los proyectos de construcción de una nueva carretera para conectar Buenaventura con la Autopista Panamericana y de ampliación de una base militar también podrían causar desplazamientos.

43.        Los afrocolombianos desplazados no tienen más remedio que trasladarse a zonas urbanas, que a menudo son entornos inhóspitos de pobreza, discriminación y miedo. Los barrios pobres de las ciudades son un terreno fértil de reclutamiento para los grupos armados, que obligan a los jóvenes que viven en la pobreza a unirse a ellos.

           B.     La violencia y el desplazamiento sufridos por las mujeres afrocolombianas

44.        La Corte Constitucional de Colombia ha determinado 13 factores de riesgo que hacen que las mujeres afectadas por la violencia y el desplazamiento sean más vulnerables que los hombres, como el riesgo de violencia sexual, de explotación de su trabajo y de persecución por su pertenencia a organizaciones de mujeres. Afrocolombiana, mujer, desplazada y pobre es una combinación que puede ser letal para la discriminación, el trauma y la vulnerabilidad. Según los datos de una encuesta realizada por una ONG a mujeres desplazadas, la mayoría de los afrocolombianos desplazados son mujeres y muchas de estas son cabeza de familia con hijos. Las mujeres encuestadas señalaron que habían sufrido frecuentes agresiones físicas y violencia sexual durante su desplazamiento. Pocas víctimas presentan denuncias por miedo o por desconocimiento de los mecanismos de denuncia. Las mujeres afrocolombianas de Suárez, en Cauca, describieron a la Experta independiente sus experiencias de trabajos forzosos, violencia y violaciones a manos de los grupos armados ilegales. Muchos niños son fruto de esas violaciones y tanto ellos como sus madres son condenados al ostracismo por sus propias comunidades. Las mujeres expresaron su preocupación por que se forzara y coaccionara a sus hijos a unirse a grupos armados.

45.        Las mujeres afrocolombianas con papeles de liderazgo en sus comunidades señalaron que los funcionarios del Gobierno que debían protegerlas no reconocían y menospreciaban su trabajo, y afirmaron que no se daba la misma credibilidad a las amenazas que ellas recibían que a las vertidas en contra de los dirigentes varones. La Experta independiente se reunió con mujeres dirigentes de "La Ciudad de las Mujeres", en el municipio de Turbaco (Bolívar); esa comunidad fue creada en 2003 por mujeres desplazadas (la Liga de Mujeres Desplazadas) y acoge aproximadamente a 500 mujeres y niños, principalmente afrocolombianos.

46.        Esas mujeres consigui