Consejo de Derechos Humanos
29º período de sesiones
Tema 6 de la agenda
Examen periódico universal
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal *
España
Índice
PárrafosPágina
Introducción1–43
I.Resumen de las deliberaciones del proceso de examen5–1303
A.Exposición del Estado examinado5–213
B.Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado22–1305
II.Conclusiones y/o recomendaciones131–13215
Anexo
Composition of the delegation28
Introducción
1.El Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, establecido de conformidad con la resolución 5/1 del Consejo de Derechos Humanos, de 18 de junio de 2007, celebró su 21º período de sesiones del 19 al 30 de enero de 2015. El examen de España se llevó a cabo en la quinta sesión, el 21 de enero de 2015. La delegación de España estuvo encabezada por Ignacio Ybáñez, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. En su 10ª sesión, celebrada el 23 de enero de 2015, el Grupo de Trabajo aprobó el informe sobre España.
2.El 13 de enero de 2015, el Consejo de Derechos Humanos eligió al siguiente grupo de relatores (troika) para facilitar el examen de España: ex República Yugoslava de Macedonia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Sierra Leona.
3.Con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 15 del anexo de la resolución 5/1 y el párrafo 5 del anexo de la resolución 16/21 del Consejo de Derechos Humanos, para el examen de España se publicaron los siguientes documentos:
a)Un informe nacional/exposición por escrito de conformidad con el párrafo 15 a) (A/HRC/WG.6/21/ESP/1);
b)Una recopilación preparada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) de conformidad con el párrafo 15 b) (A/HRC/WG.6/21/ESP/2);
c)Un resumen preparado por el ACNUDH de conformidad con el párrafo 15 c) (A/HRC/WG.6/21/ESP/3).
4.Por conducto de la troika se transmitió a España una lista de preguntas preparadas de antemano por Alemania, Eslovenia, Noruega, los Países Bajos, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la República Checa y Suecia. Esas preguntas pueden consultarse en la extranet del examen periódico universal (EPU).
I.Resumen de las deliberaciones del proceso de examen
A.Exposición del Estado examinado
5.El Secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España consideraba que el examen periódico universal era un instrumento esencial para evaluar las políticas y las leyes de derechos humanos, y un mecanismo para el diálogo entre los Estados sobre su compromiso con el sistema universal de promoción y protección de los derechos humanos.
6.La delegación recordó que España había ratificado la mayoría de los instrumentos y protocolos facultativos de derechos humanos, había presentado todos sus informes a los órganos de tratados y había cursado una invitación permanente a los procedimientos especiales. Desde su primer EPU, España había recibido visitas de cuatro titulares de mandatos de procedimientos especiales.
7.La redacción del informe nacional se había concebido como un ejercicio de autocrítica, un elemento esencial del EPU, y en ella habían participado los ministerios y otras instituciones públicas, así como la sociedad civil. Las sugerencias de la sociedad civil habían sido sumamente útiles para entender mejor el modo en que se percibían las leyes y políticas promovidas por el Gobierno. La institución nacional de derechos humanos, el Defensor del Pueblo, también había participado en este proceso en calidad de observador.
8.El informe nacional se centraba fundamentalmente en las recomendaciones recibidas en 2010, a las que se había atendido anteriormente en el informe provisional voluntario presentado en 2012, así como en los avances y acontecimientos de los últimos años, en particular las medidas de ajuste fiscal adoptadas para hacer frente a la crisis económica y financiera mundial, que aún tenían repercusiones considerables. La delegación recordó que el Gobierno había tomado en cuenta los criterios establecidos por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en relación con las medidas de ajuste, que debían ser proporcionadas, provisionales y necesarias, y no regresivas ni discriminatorias.
9.La delegación procedió a describir algunos de los temas principales del informe nacional. Mencionó, en el plano institucional, la creación de servicios de delitos de odio y discriminación en todas las fiscalías provinciales de España. También destacó la creación del cargo de Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos para mejorar la coordinación entre las diversas instituciones involucradas.
10.La delegación subrayó que, en el plano legislativo, la reforma en curso del Código Penal daría paso a importantes avances en el ámbito de los derechos humanos. Por ejemplo, la reforma tipificaría como delito el matrimonio forzado, reforzaría la protección de las víctimas de la violencia de género, modificaría la definición de explotación sexual y de prostitución forzada, y fortalecería la protección de los niños contra los delitos que afectaban a su libertad sexual. Asimismo, la reforma tipificaría las desapariciones forzadas como delito autónomo.
11.En cuanto a la aplicación de las recomendaciones recibidas en 2010, la delegación señaló que el Gobierno tenía previsto aprobar, después de celebrar consultas, un nuevo plan nacional de derechos humanos que abarcaría un período más largo y constituiría una política de Estado. Además, desde su primer EPU, España había aprobado y aplicado diversos planes específicos, o había realizado avances en la elaboración de estos, entre los que cabía mencionar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016.
12.La delegación consideraba que la erradicación de la violencia de género solo podría conseguirse mediante la lucha por la igualdad. España había establecido un sistema de recogida de datos sobre la violencia de género que se consideraba como un modelo y el Gobierno mantenía una política de tolerancia cero frente a la violencia de género.
13.Un número considerable de las recomendaciones recibidas en 2010 guardaba relación con la discriminación racial y la xenofobia. La delegación señaló que, en noviembre de 2011, España había aprobado la Estrategia Integral contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y Otras Formas Conexas de Intolerancia. Asimismo, se estaba elaborando un Mapa de la Discriminación en el país con el fin de mejorar la recopilación de datos y las estadísticas oficiales relativas a incidentes y delitos discriminatorios. Por otra parte, se había reforzado la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a fin de ayudarlas a identificar los incidentes racistas y xenófobos. También se había establecido un Servicio de Atención a las Víctimas de Discriminación por el Origen Racial o Étnico.
14.La delegación declaró que los centros de internamiento de extranjeros no eran instalaciones penitenciarias y que el internamiento de las personas en esos centros siempre estaba sujeto a autorización y control judicial. Asimismo, en marzo de 2004 se habían aprobado nuevos reglamentos por los que se incorporaba una serie de garantías.
15.Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla estaban soportando una extraordinaria presión migratoria. Los centros de estancia temporal de extranjeros, que eran de régimen abierto, prestaban servicios sociales básicos a los inmigrantes ilegales y a los solicitantes de asilo. El Gobierno estaba llevando a cabo reformas en esos centros en respuesta al creciente número de llegadas. Además, el Gobierno había decidido establecer oficinas de asilo en los puestos fronterizos de Ceuta y Melilla a fin de examinar las solicitudes de asilo in situ.
16.Con respecto a la lucha contra la tortura, la delegación recordó que el Defensor del Pueblo desempeñaba la función de mecanismo nacional de prevención y que, en el contexto de la reforma en curso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se habían introducido mayores garantías contra la tortura y los malos tratos.
17.Pese a la crisis económica, el Gobierno estaba tratando de garantizar el acceso a la justicia de las personas más vulnerables, en particular a través del proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito, que ofrecía una respuesta amplia a las necesidades de las víctimas del delito, desde una perspectiva tanto jurídica como social, y establecía una extensa lista de derechos de las víctimas.
18.El Gobierno era consciente de las graves consecuencias de la crisis económica sobre los niños. Las tasas de pobreza infantil siempre habían sido relativamente altas en España, pero la disminución de los ingresos en los hogares resultante de la crisis económica y de las repercusiones del desempleo sobre las familias constituía una carga que el Gobierno se esforzaba por resolver.
19.En cuanto al derecho a la educación, la delegación observó que la tasa de inversión por alumno en la educación pública, la proporción de alumnos por maestro y el porcentaje de los gastos realizados en la educación pública infantil eran relativamente altos en comparación con los países vecinos. Además, en diciembre de 2013 se había aprobado la Ley Orgánica Nº 8/2003, para la Mejora de la Calidad Educativa, con el fin de reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo a criterios internacionales, mejorar la empleabilidad de los estudiantes y estimular su espíritu emprendedor.
20.Con respecto al derecho a la salud, el Gobierno había iniciado en 2012 una reforma para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud, en cuyo marco se garantizaba a los inmigrantes indocumentados asistencia sanitaria en situaciones de urgencia, durante el embarazo, el parto y el posparto, así como en el caso de los menores de 18 años, en las mismas condiciones que a los españoles.
21.En conclusión, la delegación observó que España contaba con un marco jurídico e institucional avanzado, pero que su aplicación requería mejoras. Para alcanzar ese objetivo, era preciso ejercer la voluntad política y obtener los recursos necesarios, que eran escasos debido a la crisis financiera y a las restricciones presupuestarias. Como prueba de su voluntad política, el Gobierno había anunciado medidas iniciales para revertir los efectos de las restricciones que conocían los grupos más vulnerables, como la aprobación, el 1 de enero de 2015, de una reforma fiscal que contemplaba una reducción general del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en particular para los contribuyentes de ingresos más bajos. Además, el gasto social previsto para 2015 representaba el 53,9% del presupuesto del Gobierno.
B.Diálogo interactivo y respuestas del Estado examinado
22.En el diálogo interactivo formularon declaraciones 88 delegaciones. Las recomendaciones formuladas durante el diálogo figuran en la sección II del presente informe.
23.Indonesia valoró el papel de España en la promoción del diálogo interconfesional e intercultural a través de la Alianza de Civilizaciones, así como el establecimiento de servicios de delitos de odio en las provincias y la creación de la Estrategia Integral contra el Racismo.
24.La República Islámica del Irán expresó su preocupación por una serie de violaciones de derechos humanos, entre otras cosas los actos de discriminación racial que seguían sufriendo las minorías, en particular los musulmanes.
25.Irlanda tomó nota de la aprobación de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y de las medidas adoptadas para mejorar las salvaguardias legales de los detenidos mediante el anteproyecto de ley de enjuiciamiento criminal de 2011.
26.Israel expresó su preocupación por los obstáculos con que tropezaban los hijos de los inmigrantes ilegales para acceder a la educación y a la salud, así como por el uso excesivo de la fuerza en las zonas fronterizas.
27.Italia felicitó a las autoridades españolas por la creación del cargo de Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos y pidió información sobre los avances realizados en la revisión por el Parlamento del nuevo plan nacional de derechos humanos.
28.El Japón se sentía alentado al saber que la actual administración seguía otorgando importancia a los derechos humanos y que estaba considerando la posibilidad de establecer un nuevo plan nacional de derechos humanos.
29.Jordania felicitó a España por las mejoras realizadas en el marco legislativo, como la reforma del Código Penal y la aprobación del Segundo Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración.
30.Kuwait elogió a España por las mejoras introducidas en su marco legislativo mediante la formulación de algunas enmiendas para garantizar la protección y promoción de los derechos humanos. También valoró las políticas adoptadas para garantizar la igualdad de oportunidades.
31.El Líbano tomó nota de la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Encomió la Estrategia Integral contra el Racismo, la Discriminación Racial y la Xenofobia, así como la creación de servicios de delitos de odio y discriminación en las fiscalías provinciales.
32.Libia deseó éxito a España en sus esfuerzos por garantizar la protección y promoción de los derechos humanos.
33.Malasia reconoció los importantes logros alcanzados por España, en particular en el ámbito de la lucha contra la violencia de género, y señaló asimismo los retos pendientes relacionados con los efectos de la crisis económica.
34.Mauritania tomó nota de los avances realizados para combatir la discriminación contra la mujer, proteger los derechos de los migrantes y luchar contra el racismo y la xenofobia. Se felicitó por la Ley para la Mejora de la Calidad Educativa.
35.México reconoció los avances realizados en relación con el primer ciclo, como la igualdad de género en el trabajo, y señaló las dificultades que persistían, especialmente en lo referente a los derechos económicos, sociales y culturales.
36.Montenegro observó que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial habían expresado su preocupación por la persistente discriminación contra la comunidad gitana en la vida cotidiana.
37.Marruecos acogió con satisfacción la reforma prevista del Código Penal para fortalecer la lucha contra la trata de personas, la discriminación, la xenofobia y el racismo, así como el compromiso de España con el diálogo entre las civilizaciones.
38.Myanmar observó con reconocimiento que España había aprobado varios planes y medidas para promover y proteger los derechos humanos y que se estaban realizando avances en su aplicación.
39.Namibia felicitó a España por la aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, y confiaba en que los diversos planes auxiliares hicieran posible su aplicación.
40.Los Países Bajos elogiaron la finalización del Plan de Empresas y Derechos Humanos, pero seguían preocupados por los escasos avances realizados para prevenir los delitos por agentes de policía y para proteger a las víctimas de la violencia de género.
41.Nicaragua acogió con agrado las reformas legislativas, incluidas las penales, para reforzar la protección de los derechos humanos, y expresó su preocupación por la situación de los migrantes en España, especialmente las mujeres y los niños.
42.Noruega acogió con satisfacción las disposiciones tomadas para hacer frente a las extraordinarias presiones migratorias que soportaban Ceuta y Melilla, y preguntó qué medidas estaba adoptando España para atender a las preocupaciones relativas a la equidad y la eficiencia de los procedimientos de asilo.
43.El Pakistán calificó de alentadoras las iniciativas de España para aplicar las recomendaciones recibidas durante el primer ciclo del EPU.
44.Panamá felicitó a España por la ratificación de varias convenciones internacionales desde su primer EPU.
45.El Paraguay expresó su reconocimiento por el apoyo financiero al ACNUDH y la invitación abierta a todos los procedimientos especiales, y acogió con satisfacción los programas destinados a eliminar la discriminación y la violencia de género.
46.Filipinas señaló los avances positivos en la lucha contra la trata y la eliminación de la violencia de género. Le seguían preocupando las denuncias de discriminación y malos tratos infligidos a niños migrantes no acompañados comunicadas por mecanismos de las Naciones Unidas.
47.Polonia elogió las disposiciones tomadas por España en lo referente a la adopción del derecho y las normas internacionales de derechos humanos y a las enmiendas introducidas en el Código Penal para luchar contra la discriminación, el racismo y la xenofobia.
48.Portugal se felicitó por la determinación demostrada por España de combatir la violencia contra la mujer y promover la igualdad de género, y señaló la aprobación de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer.
49.Qatar valoró las estrategias encaminadas a promover los derechos de los niños con discapacidad y los derechos de la mujer, así como la creación del puesto de Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos y la participación de España en la Alianza de Civilizaciones.
50.La República de Corea acogió con agrado el establecimiento de un Servicio de Delitos de Odio y Discriminación en las fiscalías provinciales, la creación del cargo de Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos, y la inclusión de los derechos humanos en los programas de estudios escolares.
51.La República de Moldova señaló las importantes medidas adoptadas para luchar contra la trata de seres humanos y pidió más información sobre la elaboración de un segundo plan de lucha contra la trata con fines de explotación sexual.
52Rumania elogió a España por presentar un informe de mitad de período y señaló que, tras una transición pacífica, el país había construido una democracia vibrante que había estado a la altura para afrontar los retos del terrorismo y la crisis económica.
53.La Federación de Rusia acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por el Gobierno para proteger los derechos humanos, incluida la aplicación de las recomendaciones del EPU. También señaló las violaciones de los derechos de los migrantes y el hacinamiento en las cárceles.
54.La delegación de España acogió con agrado las referencias de varias delegaciones a la Alianza de Civilizaciones, una iniciativa hispano-turca en sus orígenes, y al Plan de Empresas y Derechos Humanos, y expresó su gratitud por la cooperación de varios países en su elaboración. En respuesta a las preguntas sobre la discriminación, el racismo y la xenofobia, la delegación de España mencionó que, en el marco de la estrategia de lucha contra el racismo y la xenofobia, se había preparado una serie de actividades de prevención y detección, como la elaboración del Informe Anual sobre el Racismo y la Xenofobia. También se habían reforzado la formación, las políticas públicas y la cooperación institucional.
55.En cuanto a la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la delegación recordó que la Constitución y la legislación españolas garantizaban los derechos de los migrantes. España seguía la posición de la Unión Europea a este respecto.
56.Con respecto a la lucha contra la violencia de género, la política de España se basaba en la promoción de una acción responsable, conjunta y sostenida que contara con la participación de todas las instituciones públicas y asociaciones de la sociedad civil. Entre las medidas adoptadas en los últimos años cabía mencionar la creación del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la aprobación de leyes en materia de género y la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016. La delegación también mencionó las disposiciones que se habían tomado para mejorar la formación de los agentes de policía, los profesionales de la salud, los trabajadores sociales y los funcionarios judiciales mediante un enfoque centrado en las víctimas. En cuanto al poder judicial, la delegación recordó la reforma del Código Penal y el proyecto de ley del estatuto de la víctima del delito. España también se estaba esforzando por incrementar la visibilidad de otras formas de violencia, como la trata de personas y la explotación sexual de mujeres y niñas, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados.
57.En relación con la situación de la migración en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la delegación señaló que existían dos procedimientos jurídicos distintos establecidos por ley en lo referente a la devolución de los extranjeros que habían ingresado en territorio español. Ambos respetaban una serie de garantías, como el derecho a solicitar protección internacional, la prestación de asistencia letrada gratuita, el acceso a un intérprete y la no devolución de mujeres embarazadas en caso de que existieran riesgos para su salud. La delegación añadió que las operaciones para impedir la entrada de extranjeros en España eran una situación diferente, que se producía durante las patrullas fronterizas en Ceuta y Melilla. España denegaba la entrada a su territorio como un derecho soberano en el marco de sus obligaciones en cuanto miembro de la Unión Europea. La delegación de España informó al Grupo de Trabajo de que los intentos de entrar a España a través de esas fronteras eran continuos, se llevaban a cabo a gran escala y con violencia, y constituían un problema de seguridad interior y de orden público. En las intervenciones, las autoridades siempre tenían en cuenta los principios de proporcionalidad y de oportunidad, así como la posibilidad de que, entre las personas afectadas, pudiera haber personas en una situación de vulnerabilidad con necesidad de asistencia.
58.La delegación se refirió a una pregunta formulada en relación con la incorporación de una disposición en el proyecto de ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana para modificar la Ley de Extranjería. El propósito de la enmienda era reconocer la especificidad de Ceuta y Melilla en lo que respecta a la geografía, las fronteras y la seguridad. La enmienda se estaba debatiendo en el Parlamento y se estaban celebrando consultas con órganos de expertos internacionales. De ser aprobada, la enmienda se ajustaría a las obligaciones internacionales relativas al acceso a la protección internacional y a la no devolución.
59.Rwanda valoró las políticas adoptadas con miras a promover la igualdad de oportunidades para la mujer, así como las leyes y políticas relativas a la explotación sexual de niños y adolescentes y la trata de personas.
60.El Senegal acogió con satisfacción las diversas iniciativas adoptadas para la aplicación de las recomendaciones formuladas en el primer ciclo, en particular las relativas a la violencia contra la mujer, la situación de las mujeres en zonas rurales, la igualdad de oportunidades y la educación.
61.Serbia se felicitó por el exhaustivo informe nacional de España y su cooperación con el Defensor del Pueblo y otros representantes de la sociedad civil.
62.Sierra Leona encomió la elaboración de un Protocolo Marco de Protección de Víctimas de Trata y el reciente nombramiento de un Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos.
63.Eslovaquia reconoció los esfuerzos realizados para eliminar la discriminación de género y combatir la trata de seres humanos, y pidió más información sobre la formación de los fiscales que trabajaban en la esfera de la lucha contra el racismo.
64.Eslovenia acogió con agrado la información sobre el fortalecimiento de las instituciones en lo relativo a los discursos de odio y a la discriminación, así como la intención declarada de restablecer las medidas de protección social y asistencia para las personas más desfavorecidas por la crisis financiera.
65.Sri Lanka reconoció las medidas para hacer frente a los delitos de odio y combatir la trata de seres humanos y alentó a España a proteger los derechos de los grupos más vulnerables de la población prestando asistencia social especial y ayuda financiera.
66.El Sudán acogió con satisfacción la aprobación del Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración y la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016.
67.Suecia expresó su preocupación por el hecho de que la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana fuera susceptible de restringir el derecho de los ciudadanos a protestar públicamente, y de legalizar las expulsiones sumarias de los migrantes que cruzaban la frontera desde Marruecos hacia Ceuta y Melilla.
68.Suiza elogió el compromiso de España para combatir la violencia contra la mujer. También observó que las secuelas de la era franquista seguían planteando dificultades en la vida política y social, y expresó preocupación por la conducta de la policía durante las manifestaciones pacíficas.
69.Tailandia acogió con agrado la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer e invitó a España a ofrecer reparación a las víctimas y a prestarles asistencia. También alentó a España a respetar los derechos humanos de los migrantes.
70.La ex República Yugoslava de Macedonia elogió la creación de un Servicio de Delitos de Odio y Discriminación en cada fiscalía provincial, así como las reformas de 2010 del Código Penal.
71.Timor-Leste acogió con satisfacción las iniciativas para combatir la trata de personas y apoyar a sus víctimas, así como la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana.
72.El Togo celebró el establecimiento de servicios de delitos de odio y discriminación en todas las fiscalías provinciales. Expresó preocupación por la categorización de los migrantes pertenecientes a minorías étnicas y religiosas.
73.Trinidad y Tabago encomió la participación activa de España a nivel internacional en lo referente a los derechos humanos y observó que la crisis económica afectaba la capacidad de España de ampliar su cooperación para el desarrollo.
74.Túnez tomó nota de las medidas adoptadas desde el EPU de 2010, incluida la creación del puesto de Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos y de servicios de delitos de odio y discriminación en las fiscalías provinciales.
75.Turquía acogió con satisfacción las declaraciones oficiales en las que se destacaba el carácter multicultural de España. Señaló que, a su parecer, la Alianza de Civilizaciones se había vuelto más pertinente, y expresó su apoyo a la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte, creada por España.
76.Ucrania elogió los esfuerzos desplegados en la esfera de la trata de seres humanos y de los delitos de odio, así como la aprobación del Plan de Igualdad de Oportunidades. También alentó a España a ultimar el anteproyecto de ley de protección a la infancia.
77.El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte elogió las reformas destinadas a mejorar el acceso de las mujeres a servicios jurídicos y celebró las medidas positivas adoptadas para garantizar la libertad de religión y de creencias y la protección de las minorías étnicas.
78.Los Estados Unidos de América encomiaron la promoción de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), los esfuerzos para combatir la trata de personas y las disposiciones tomadas para integrar a la población romaní. Seguían preocupados por la corrupción administrativa, que socavaba la confianza en las instituciones judiciales.
79.El Uruguay tomó nota con satisfacción de las medidas adoptadas para luchar contra la trata de seres humanos y alentó a España a redoblar sus esfuerzos en lo referente a la atención especial que requerían los niños víctimas o víctimas potenciales.
80.La República Bolivariana de Venezuela reconoció la participación activa de España en los foros internacionales de derechos humanos y señaló los efectos de la crisis económica sobre la calidad de vida del pueblo español.
81.Albania encomió la reforma del Código Penal y pidió información sobre la enmienda prevista de este instrumento para fortalecer la protección de las víctimas de la violencia de género.
82.Argelia elogió las medidas adoptadas para combatir la discriminación racial y la incitación al odio racial. Alentó la adopción de un mayor número de medidas de integración de los migrantes. También expresó su reconocimiento por el fortalecimiento de la coordinación a nivel nacional y europeo en lo relativo a la trata de seres humanos.
83.Angola celebró la ratificación por España de la mayoría de los instrumentos de derechos humanos. Valoró sus esfuerzos por respetar los compromisos internacionales respecto de los derechos de los migrantes y sus familias, así como de las personas con discapacidad.
84.La Argentina acogió con satisfacción los esfuerzos realizados por España para cumplir con las recomendaciones recibidas durante su primer EPU, y elogió la aprobación del Plan de Inclusión del Alumnado con Necesidades Educativas Especiales.
85.Armenia acogió con agrado las medidas adoptadas para luchar contra los delitos de odio, eliminar la discriminación racial y combatir la trata de personas. También valoró mucho las medidas adoptadas para aplicar la Ley de Memoria Histórica de 2007.
86.Australia alentó a España a aplicar su segundo Plan de Derechos Humanos. Acogió con satisfacción el apoyo que prestaba España a su comunidad de personas LGBT y reconoció los problemas que entrañaba la tarea de conciliar la seguridad de las fronteras, las políticas de inmigración y las obligaciones en materia de derechos humanos.
87.Austria expresó su preocupación por un proyecto de ley para legalizar la devolución automática de las personas que trataran de cruzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla. Observó que las condiciones de acogida en esas ciudades seguían por debajo de las normas mínimas.
88.Azerbaiyán acogió con satisfacción la creación del puesto de Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos. Señaló que algunos órganos de tratados de las Naciones Unidas habían expresado su preocupación en cuanto a la existencia de problemas relacionados con la discriminación.
89.Bahrein acogió con satisfacción las medidas de lucha contra la discriminación racial y la xenofobia. Encomió la iniciativa de la Alianza de Civilizaciones y pidió más información sobre la asistencia brindada a las víctimas de la trata.
90.Bangladesh valoró el papel de España como copatrocinadora de la Alianza de Civilizaciones y sus iniciativas para eliminar la discriminación contra la mujer. Expresó su preocupación por la discriminación contra los migrantes y los romaníes, y por los discursos xenófobos y de odio entre los políticos.
91.Benin celebró la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual y la creación de un Consejo Nacional de Víctimas de Delitos de Odio.
92.El Brasil acogió con satisfacción las mejoras legislativas en materia de derechos del niño, que se ajustaban a la recomendación que había formulado durante el primer ciclo. Reiteró la necesidad de mejorar la protección de los derechos humanos de los migrantes.
93.La delegación de España respondió a las preguntas que se habían planteado durante el diálogo interactivo o se habían enviado de antemano.
94.La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad unificó la normativa existente en esta esfera y dispuso la incorporación de políticas en materia de discapacidad en la corriente general de acción. En cuanto a la educación, durante el período 2012-2013, el porcentaje de personas que recibió una educación distinta de la ordinaria ascendió al 5,3% de todos los estudiantes. Además, España prestaba especial atención al acceso a la universidad por las personas con discapacidad, quienes estaban exentas del pago de tasas.
95.Con respecto a la población gitana, en los últimos cuarenta años se habían realizado importantes avances sociales. Por ejemplo, en la enseñanza primaria, casi el 100% de los niños gitanos estaban escolarizados. Sin embargo, España seguía haciendo frente a problemas persistentes, como el abandono escolar temprano y la segregación en algunos centros educativos.
96.En respuesta a las observaciones de las delegaciones, la delegación de España informó de las iniciativas de fomento de la capacidad para jueces, fiscales y otros miembros de los equipos de investigación en el marco de la lucha contra la violencia de género.
97.En los últimos años, el Estado había adoptado reglamentos para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el empleo, con miras a fomentar un mayor equilibrio entre el trabajo y la familia y el reparto de responsabilidades. Las medidas adoptadas en 2014 para combatir el desempleo revestían particular importancia, ya que las tasas de desempleo eran más elevadas entre las mujeres.
98.En 2014, el Gobierno había aprobado un protocolo sobre determinadas medidas relativas a los niños no acompañados que ingresaban en el territorio español, orientadas a mejorar la coordinación entre las instituciones y administraciones interesadas. Durante su estadía en el país, los menores de edad que estuvieran bajo la tutela del Estado español siempre se consideraban residentes legales. Al alcanzar la mayoría de edad, podían renovar sus permisos de residencia y de trabajo si satisfacían las condiciones establecidas por ley, que eran más favorables que las disposiciones generales en esta materia.
99.En un futuro próximo se esperaba que el Gobierno adoptara un plan integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual y elaborara un protocolo para la protección de las víctimas de la trata de personas con miras a coordinar mejor las medidas de las instituciones y administraciones interesadas.
100.La delegación recordó que el régimen de detención incomunicada era excepcional, se aplicaba únicamente en los casos de delitos de terrorismo, y solo lo podía establecer un juez o un tribunal mediante una decisión motivada, por el período de tiempo que fuera estrictamente necesario. Este régimen se estaba examinando en el marco de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
101.En los últimos años, el Gobierno había adoptado medidas temporales y estructurales para abordar los problemas relativos a las deudas hipotecarias. Las medidas temporales se habían tomado para proteger a las personas que, a raíz de la crisis, ya no estaban en condiciones de cumplir las obligaciones con que venían asociados los préstamos hipotecarios recibidos para la adquisición de sus viviendas y se encontraban en una situación de vulnerabilidad. A través de las medidas estructurales se habían impuesto límites a los tipos de interés de demora y se habían mejorado los procedimientos de subasta en el caso de que siguieran existiendo deudas tras la venta, con el fin de amortizarlas.
102.Bulgaria valoró las recientes ratificaciones, el establecimiento del Consejo Nacional de Víctimas de Delitos de Odio y del puesto de Ponente sobre la Trata de Seres Humanos, así como la adopción de estrategias relativas a la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo.
103.El Canadá acogió con satisfacción la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer y alentó a que esta abordara otras formas de discriminación contra las mujeres víctimas de comunidades de migrantes y con discapacidad.
104.El Chad acogió con satisfacción la aplicación de las recomendaciones anteriores y recordó el marco jurídico e institucional para la promoción y protección de los derechos humanos.
105.Chile expresó su satisfacción por la participación de la sociedad civil en la elaboración del informe nacional. Señaló los efectos de la crisis y acogió con satisfacción las disposiciones tomadas para hacer frente a sus consecuencias en aras de la protección de los derechos humanos.
106.China valoró los esfuerzos de España en lo referente a la promoción de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, la lucha contra la explotación sexual y la reforma del sistema de salud. También acogió con agrado las iniciativas para combatir la discriminación racial.
107.El Congo celebró la creación de un Consejo Nacional de Víctimas de Delitos de Odio. Señaló la mejora del marco jurídico en la esfera de la trata de personas, el tráfico de órganos y los matrimonios forzados.
108.Costa Rica destacó los esfuerzos realizados por España para lograr la abolición de la pena de muerte en el plano internacional, y afirmó que su papel en la creación de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte era encomiable.
109.Côte d'Ivoire se felicitó por las reformas realizadas en materia de derechos humanos, a saber, la introducción del artículo 59 bis en la Ley de Extranjería, relativo a la trata de seres humanos (2010), y la adopción de un protocolo para proteger a las víctimas de la trata (2011).
110.Cuba señaló las consecuencias que tenían las medidas de austeridad sobre la situación de los derechos humanos. Invitó a España a proseguir su labor para combatir el desempleo, la pobreza, los desahucios, los discursos de odio y la discriminación racial.
111.Chipre acogió con satisfacción las iniciativas para combatir la trata de seres humanos, en particular el establecimiento del puesto de Ponente, y para eliminar todas las formas de discriminación. Celebró las iniciativas para abordar el problema del racismo y facilitar la integración de los inmigrantes.
112.La República Checa agradeció la información sobre la aplicación de las recomendaciones del EPU anterior, así como las respuestas de España a algunas preguntas formuladas de antemano.
113.El Ecuador reconoció los esfuerzos realizados para cumplir con las recomendaciones anteriores, entre otras cosas la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la evaluación del Plan de Derechos Humanos y la adopción de medidas para superar la crisis económica.
114.Egipto acogió con satisfacción la creación de servicios provinciales de lucha contra la discriminación y el compromiso inquebrantable de España respecto de los derechos de la mujer. Reconoció las dificultades resultantes de la crisis financiera y económica en lo referente a la protección social y la promoción de los derechos humanos.
115.Estonia destacó el compromiso de España en la lucha contra la trata de seres humanos y la priorización de la eliminación de la violencia contra la mujer. Apoyó la propuesta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de que el Gobierno prosiguiera sus esfuerzos para garantizar el derecho de todos los niños a una educación incluyente.
116.Francia acogió con satisfacción la creación de servicios de delitos de odio y discriminación en las fiscalías provinciales, así como los planes para luchar contra la discriminación de género. Señaló la impunidad de los crímenes perpetrados durante la guerra civil y la dictadura.
117.El Gabón valoró las medidas relativas a la lucha contra la discriminación de género, en particular las políticas de fomento de la igualdad de oportunidades en el ámbito profesional y las orientadas a combatir la violencia contra la mujer.
118.Alemania celebró las mejoras introducidas en el marco institucional y valoró la participación de la sociedad civil en la elaboración del informe nacional. Elogió la creación del cargo de Ponente Nacional sobre la Trata de Seres Humanos.
119.Ghana encomió las diversas medidas tomadas para hacer frente a los delitos de odio y la discriminación, la trata de seres humanos, el racismo, la xenofobia y la violencia de género. Expresó su preocupación por la discriminación contra los migrantes y por los estereotipos y prejuicios racistas en los medios de comunicación.
120.Grecia celebró la ratificación de la mayoría de los instrumentos internacionales y la continua cooperación con los procedimientos especiales. Acogió con satisfacción las mejoras realizadas en el marco legal respecto de las personas con discapacidad.
121.Guatemala acogió con satisfacción la creación de los servicios de delitos de odio y discriminación en las fiscalías provinciales. Le preocupaba la situación de las mujeres migrantes y la falta de igualdad de los extranjeros ante la ley.
122.Honduras celebró la creación de los servicios de delitos de odio y discriminación en las fiscalías provinciales, así como la nueva normativa sobre la trata de seres humanos, el matrimonio forzado y las desapariciones forzadas.
123.Hungría destacó numerosos logros que se habían alcanzado desde el primer examen de España, pese a las dificultades económicas y financieras. Recordó que, en 2010, España había aceptado tres recomendaciones que había formulado, y señaló que estas se estaban poniendo en práctica.
124.La India acogió con agrado la aprobación de la Estrategia Nacional para la Inclusión de la Población Gitana. Mencionó las preocupaciones que suscitaba la práctica de la detención en régimen de incomunicación y alentó a España a compartir información sobre actos de categorización étnica.
125.La delegación de España hizo hincapié en su compromiso con el marco normativo internacional de derechos humanos y mencionó los siguientes instrumentos a los que España se había adherido recientemente: el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones, el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica (Convenio de Estambul) y el Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de Órganos Humanos.
126.La delegación destacó que su compromiso institucional había quedado demostrado con el apoyo y la participación activa de España en el EPU, así como con la labor realizada por el Consejo de Derechos Humanos, del que España había sido miembro entre 2011 y 2013. La incorporación de España como miembro del Consejo de Seguridad desde enero de 2015 se consideraba como otra oportunidad de promover y defender los derechos humanos a nivel multilateral.
127.La delegación recordó algunas de las prioridades de la política exterior de España en la esfera de los derechos humanos: la lucha contra la pena de muerte y la promoción de una moratoria universal como primer paso hacia su abolición; la lucha contra la discriminación de género y la discriminación basada en la orientación sexual; el derecho humano al agua y al saneamiento; los derechos de las personas con discapacidad; las empresas y los derechos humanos; y los defensores de los derechos humanos.
128.Cada una de las recomendaciones recibidas se estudiaría detenidamente con el fin de exponer, dentro de un plazo razonable, la posición del Gobierno. La delegación indicó que ejercería su derecho de no expresar una posición inmediatamente, pues era consciente de la importancia de analizar exhaustivamente los compromisos que se podrían asumir.
129.La delegación señaló que muchas de las recomendaciones y preguntas recibidas se habían formulado a raíz de los efectos de las medidas de ajuste fiscal adoptadas para luchar contra la crisis económica y financiera. Reiteró que el Gobierno era plenamente consciente de los sacrificios que esas medidas habían conllevado para muchas personas, y había velado especialmente por que se respetaran los criterios de necesidad, puntualidad, no regresión y no discriminación.
130.La delegación concluyó reiterando su compromiso con el examen periódico universal.
II.Conclusiones y/o recomendaciones **
131. España examinará las recomendaciones que figuran a continuación y les dará respuesta a su debido tiempo, pero a más tardar en el 29º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, que se celebrará del 15 de junio al 3 de julio de 2015:
131.1 Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW), como se recomendó anteriormente (Indonesia);
131.2 Seguir estudiando la posibilidad de ratificar la ICRMW (Nicaragua);
131.3 Considerar la posibilidad de adoptar medidas concretas con miras a adherirse a la ICRMW (Filipinas);
131.4 Estudiar la posibilidad de ratificar la ICRMW (1990) y de adherirse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961) (Ecuador);
131.5 Considerar la posibilidad de ratificar la ICRMW (Rwanda) (Sri Lanka);
131.6 Ratificar la ICRMW, como paso fundamental hacia la protección de los derechos humanos en el país (Guatemala);
131.7 Adherirse a la ICRMW (Sudán);
131.8 Ratificar la ICRMW (Argelia) (Benin) (Côte d'Ivoire) (Gabón) (Ghana) (Honduras) (Irán (República Islámica del)) (Paraguay) (Senegal) (Sierra Leona) (Timor-Leste) (Turquía) (Venezuela (República Bolivariana de));
131.9 Adherirse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (Azerbaiyán) (Paraguay) (Portugal);
131.10 Promover el establecimiento de un comité interministerial de derechos humanos para seguir mejorando la coordinación entre las diversas administraciones nacionales y aumentar la eficacia de la Oficina de Derechos Humanos (Italia);
131.11 Considerar la posibilidad de establecer un comité interministerial encargado de la aplicación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos, entre otras cosas para coordinar la elaboración de los informes nacionales a los órganos de tratados y organizar las visitas al país de los titulares de mandatos de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos (Portugal);
131.12 Establecer un grupo de trabajo gubernamental de alto nivel sobre los derechos humanos para asegurarse de que la cooperación y la coordinación de la labor interministerial en la esfera de los derechos humanos se lleven a cabo sin sobresaltos (Alemania);
131.13 Estudiar la posibilidad de crear un sistema público de supervisión de las recomendaciones internacionales para facilitar la sistematización y el seguimiento de las recomendaciones formuladas por los órganos de tratados y los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos (Paraguay);
131.14 Continuar la buena práctica de contar con un Plan Nacional de Derechos Humanos mediante la formulación de un plan de acción o una estrategia integral (Indonesia);
131.15 Proceder a la elaboración de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos y poner en práctica la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer (Grecia);
131.16 Considerar la posibilidad de elaborar indicadores de derechos humanos, conforme a lo sugerido por el ACNUDH, como instrumento que permita una evaluación más precisa y coherente de las políticas nacionales de derechos humanos (Portugal);
131.17 Perseverar en los esfuerzos por crear conciencia sobre los derechos humanos y difundir sus principios entre sus ciudadanos (Kuwait);
131.18 Realizar una evaluación, hasta finales de 2016, de las medidas adoptadas en el marco de los diversos planes estratégicos sobre la protección de las mujeres y los niños (Francia);
131.19 Intensificar las labores destinadas a promover la unidad y la armonía nacionales, en particular fomentando el diálogo entre los grupos sociales pertenecientes a etnias y confesiones distintas (Malasia);
131.20 Redoblar los esfuerzos en el marco de la Alianza de Civilizaciones para promover el diálogo y el acercamiento entre religiones y pueblos (Marruecos);
131.21 Tener en cuenta la región del Caribe entre las zonas geográficas prioritarias para los programas internacionales de cooperación para el desarrollo en relación con los cuales se ha establecido un nuevo orden de prioridad como consecuencia de las políticas de austeridad adoptadas por España ante la crisis económica (Trinidad y Tabago);
131.22 Seguir cooperando con las Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos (Rumania);
131.23 Presentar su informe pendiente al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (Sierra Leona);
131.24 Fomentar una mayor participación de la sociedad civil en el seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos (Trinidad y Tabago);
131.25 Aplicar el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 con miras a eliminar cualquier forma de discriminación de género que subsista (Montenegro);
131.26 Seguir aplicando el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 a fin de conseguir la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres, y en particular para reducir las diferencias salariales (Myanmar);
131.27 Seguir aplicando las medidas previstas en el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 (Albania);
131.28 Proseguir sus esfuerzos por aplicar las estrategias adoptadas a fin de eliminar cualquier forma de discriminación de género que subsista (Sudán);
131.29 Proseguir los esfuerzos por incorporar la igualdad de género en las leyes y políticas y asignar suficientes recursos para la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Serbia);
131.30 Considerar la posibilidad de aprobar nuevas disposiciones legislativas que obliguen a las empresas públicas a reservar una cuota de los puestos de sus juntas no directivas a las mujeres (Italia);
131.31 Seguir adoptando medidas orientadas a reforzar el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad y puestos directivos (Marruecos);
131.32 Aumentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones (Rwanda);
131.33 Eliminar las diferencias de género promoviendo y supervisando la igualdad de representación de las mujeres en puestos directivos (Sierra Leona);
131.34 Promover activamente la presencia de mujeres en puestos directivos, tanto en el sector público como privado (Ghana);
131.35 Reforzar la legislación en la esfera de la discriminación racial, el racismo y la xenofobia (Líbano);
131.36 Seguir consolidando las medidas, incluida la legislación en vigor, para prevenir y combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, y seguir mejorando las estadísticas nacionales (Brasil);
131.37 Reforzar la normativa para combatir la discriminación mediante la aprobación de una ley integral de lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia (Côte d'Ivoire);
131.38 Redoblar sus esfuerzos por combatir las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y las formas conexas de intolerancia, entre otras cosas tipificando como delito los discursos de odio y todas las formas de incitación al odio y la violencia (Malasia);
131.39 Mejorar las políticas de lucha contra la discriminación mediante disposiciones legislativas que regulen los delitos de odio, el racismo, la xenofobia y el antisemitismo (Israel);
131.40 Proseguir los esfuerzos por mejorar la labor de los servicios en lo referente a los delitos de odio y la discriminación (Qatar);
131.41 Reforzar las medidas adoptadas para combatir los discursos de odio (Bahrein);
131.42 Tomar medidas eficaces para poner freno al odio racial y la intolerancia religiosa, así como a los discursos de odio y xenófobos (Bangladesh);
131.43 Hacer todo lo que esté a su alcance para poner coto a los discursos de odio y abordar esta cuestión en todas las instituciones del país (Libia);
131.44 Intensificar los esfuerzos para combatir la discriminación contra las minorías en el país mediante la investigación eficaz y el castigo adecuado de cualquier conducta motivada por la raza (Namibia);
131.45 Proporcionar pleno acceso a la justicia a las personas que pertenecen a las minorías raciales y religiosas, combatir la categorización racial y religiosa, y fortalecer la legislación de lucha contra la discriminación mediante la aprobación de una ley integral sobre el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia que aborde los discursos de odio y contemple medidas para investigar y enjuiciar efectivamente los delitos de esa índole (Pakistán);
131.46 Velar por que toda conducta racista se investigue eficazmente y se castigue debidamente (Togo);
131.47 Seguir reforzando la lucha contra la discriminación racial y la intolerancia en todas sus manifestaciones y proteger los derechos legítimos de los migrantes y los grupos minoritarios (China);
131.48 Fortalecer las medidas de lucha contra las manifestaciones de discriminación, racismo y xenofobia en las esferas del empleo, el acceso a la vivienda y la educación con respecto a los extranjeros y las minorías (Gabón);
131.49 Tomar medidas para poner fin a la categorización étnica y racial y a todas las formas de discriminación racial (Ghana);
131.50 Tomar medidas eficaces para poner fin a la categorización étnica y racial (India);
131.51 Combatir las conductas discriminatorias de miembros de las fuerzas del orden y velar por que cualquier conducta indebida motivada por la raza se investigue eficazmente y se castigue debidamente (República Islámica del Irán);
131.52 Adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para garantizar el derecho a un recurso efectivo a toda persona que alegue haber sido objeto de tortura u otros malos tratos, y prever el marco administrativo y judicial necesario para prevenir la impunidad de los funcionarios acusados de esos delitos (Países Bajos);
131.53 Adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para garantizar el derecho a un recurso efectivo en los casos de tortura y malos tratos, y fortalecer su marco para enjuiciar esos delitos (Australia);
131.54 Garantizar la investigación diligente de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por sus propios servicios de seguridad y fuerzas armadas (Israel);
131.55 Garantizar que todas las denuncias de tortura y otros malos tratos perpetrados por los servicios de seguridad sean investigadas de manera imparcial e independiente por la justicia ordinaria sin dilación, y velar por que las víctimas obtengan reparación (Francia);
131.56 Asegurar la supervisión eficaz por las fuerzas del orden de la aplicación de los procedimientos de detención y privación de libertad (Polonia);
131.57 Establecer un mecanismo de control para las autoridades policiales que les permita detectar indicios de posibles actos de tortura y malos tratos cometidos por agentes (Alemania);
131.58 Elaborar más medidas concretas, significativas y prácticas, así como mecanismos que prevengan eficazmente cualquier maltrato por la policía y los guardias penitenciarios y contemplen la posibilidad de revisar la práctica de la detención en régimen de incomunicación (Hungría);
131.59 Abolir la detención en régimen de incomunicación y velar por que todos los sospechosos que se encuentren en detención preventiva tengan acceso rápido e inmediato a un abogado (República Islámica del Irán);
131.60 Revisar el régimen de incomunicación para garantizar el cumplimiento de las normas internacionales de derechos humanos (Irlanda);
131.61 Abolir la práctica de la detención en régimen de incomunicación y la tortura, y velar por que todos los sospechosos que se encuentren en detención preventiva tengan acceso rápido a un abogado desde el primer momento de su detención (Pakistán);
131.62 Revisar el régimen de incomunicación velando por que el acceso a la asistencia letrada en el momento de la detención no se retrase y que las personas privadas de libertad tengan la posibilidad de comunicarse en privado con un abogado de su elección y sean llevadas ante un juez en un plazo no superior a 72 horas (Austria);
131.63 Examinar la compatibilidad de su normativa antiterrorista, que admite la detención en régimen de incomunicación, con las normas internacionales de derechos humanos, y estudiar la posibilidad de abolir el régimen de incomunicación (República Checa);
131.64 Aprobar una estrategia nacional para mejorar las condiciones en el sistema penitenciario (Federación de Rusia);
131.65 Fortalecer las medidas para eliminar la violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica (Japón);
131.66 Proseguir sus esfuerzos por combatir la violencia de género, en particular la violencia contra las mujeres con discapacidad, mediante la aplicación efectiva de su Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 (Malasia);
131.67 Adoptar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia de género, incluida la violencia contra las mujeres extranjeras, y evaluar el funcionamiento de los tribunales especializados pertinentes a este respecto (Namibia);
131.68 Proseguir sus esfuerzos para erradicar la violencia de género y asegurar la promoción de la mujer en puestos directivos en todos los sectores (República de Corea);
131.69 Seguir adoptando toda clase de medidas legislativas y ejecutivas de lucha contra la violencia de género, prestando particular atención a los migrantes víctimas (Sri Lanka);
131.70 Fortalecer su programa de protección contra la violencia sexual y de género, centrándose en la disponibilidad, la accesibilidad y la calidad de las medidas de protección, y asegurar el pleno disfrute de los derechos sexuales y reproductivos (Suiza);
131.71 Realizar una evaluación de los obstáculos con que tropiezan las víctimas de la violencia de género para beneficiarse de una protección efectiva y obtener justicia y reparación, así como de las causas que les impiden presentar una denuncia (Países Bajos);
131.72 Llevar a cabo una evaluación del funcionamiento de los tribunales especializados en la violencia contra la mujer, e identificar y alentar las buenas prácticas (Irlanda);
131.73 Garantizar una formación efectiva en los órganos judiciales encargados de investigar los casos de violencia de género (Eslovaquia);
131.74 Velar por que todos los órganos judiciales que investigan casos de violencia de género reciban formación especializada para cumplir las disposiciones de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
131.75 Aprobar un nuevo proyecto de ley por el que se modifique el Código Penal en lo referente a la violencia de género, la trata de seres humanos, la explotación sexual y el matrimonio forzado (Ucrania);
131.76 Promover una sólida coordinación entre los Ministerios de Sanidad, de Justicia y del Interior a través de un mecanismo formal destinado a combatir la violencia de género, y garantizar que el personal judicial, los agentes de las fuerzas del orden y otros funcionarios estén debidamente formados sobre todas las formas de violencia de género y discriminación (Estados Unidos de América);
131.77 Reforzar las medidas para combatir la violencia contra la mujer (Timor-Leste)
131.78 Aplicar plenamente su Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 (Australia);
131.79 Aplicar medidas más sólidas para combatir la violencia contra la mujer, como seguimiento de la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer 2013-2016 (Cuba);
131.80 Reforzar las medidas para combatir la violencia doméstica y otras formas de violencia de género (Azerbaiyán);
131.81 Reforzar las medidas para combatir la violencia contra la mujer, especialmente la violencia doméstica (India);
131.82 Garantizar la asignación de recursos suficientes para la aplicación de la Ley Orgánica Nº 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, prestando especial atención a su accesibilidad por medio de un plan de acción nacional (Chile);
131.83 Redoblar los esfuerzos por combatir la violencia contra las mujeres y los niños, especialmente las mujeres y los niños con discapacidad (Ghana);
131.84 Proseguir los esfuerzos por promover los derechos de los niños, en particular los niños migrantes y los que son víctimas de violencia y abusos sexuales (Ucrania);
131.85 Combatir eficazmente la violencia contra los niños resultante del abuso sexual de menores (República Islámica del Irán);
131.86 Intensificar las medidas para combatir el trato ilícito y la violencia contra los niños, incluido el abuso sexual (Federación de Rusia);
131.87 Seguir reforzando la lucha contra la trata de personas (Líbano);
131.88 Intensificar la cooperación internacional y regional en lo que se refiere a la trata de personas (Qatar);
131.89 Seguir luchando contra la trata de seres humanos (Rumania);
131.90 Mejorar los procedimientos aplicados para identificar a las víctimas y atender las necesidades especiales de los niños víctimas de la trata (Albania);
131.91 Seguir adoptando medidas para combatir la trata de personas (Armenia);
131.92 Aplicar a la mayor brevedad posible un nuevo plan de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual (Australia);
131.93 Proseguir sus esfuerzos en lo referente a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y estudiar la posibilidad de elaborar una nueva versión del Plan Integral de Lucha contra la Trata con Fines de Explotación Sexual (Francia);
131.94 Fortalecer las medidas para promover un sistema político transparente mediante la agilización de los procedimientos judiciales para investigar y enjuiciar rápidamente los casos de corrupción (Estados Unidos de América);
131.95 Examinar la reforma del sistema nacional de justicia de principios de 2014, en particular con el fin de garantizar y aplicar el principio de universalidad de las normas internacionales de derechos humanos (Alemania);
131.96 Considerar la posibilidad de incorporar el principio de justicia restaurativa, con sus penas alternativas, en el sistema de justicia juvenil (Indonesia);
131.97 Seguir aplicando la Ley de Memoria Histórica pese a la crisis económica (Líbano);
131.98 Elaborar una estrategia amplia e incluyente para abordar los problemas del pasado, sobre la base de los derechos de las víctimas y las obligaciones de los Estados, a saber, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Suiza);
131.99 Proseguir sus esfuerzos para abordar las injusticias históricas y proteger los derechos de las víctimas de esas injusticias, tanto en el plano nacional como internacional (Armenia);
131.100 Hacer uso de estudios comparativos para abordar los retos que plantea la investigación de los delitos de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, en consonancia con las recomendaciones del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición (Chile);
131.101 Tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los casos de desaparición forzada solo se examinen en los tribunales civiles y no en tribunales especiales, como los militares (Libia);
131.102 Adoptar medidas legislativas u otras medidas necesarias para establecer una definición de víctima que se ajuste al artículo 24, párrafo 1, de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y velar por que toda persona que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada pueda beneficiarse de todas las medidas de indemnización y reparación establecidas por ley, incluso si no se han iniciado actuaciones penales (Panamá);
131.103 Abordar la cuestión de las desapariciones forzadas en todos sus aspectos, en estrecha colaboración con los mecanismos de derechos humanos (República de Corea);
131.104 Adoptar medidas legislativas o judiciales adecuadas para tipificar como delito la desaparición forzada, de conformidad con las disposiciones de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, y promover cambios en el ordenamiento nacional que permitan la investigación exhaustiva e imparcial de las desapariciones forzadas (Argentina);
131.105 Asegurarse de que la edad mínima para contraer matrimonio no permita los matrimonios precoces (Sierra Leona);
131.106 Eliminar los matrimonios infantiles y aumentar la edad mínima para contraer matrimonio en circunstancias excepcionales (Azerbaiyán);
131.107 Garantizar que el derecho a la libertad de culto de las minorías, incluidos los musulmanes, se respete plenamente en la práctica (República Islámica del Irán);
131.108 Despenalizar la difamación y trasladarla al Código Civil, de conformidad con las normas internacionales (Estonia);
131.109 Reforzar el compromiso del Gobierno de garantizar los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación, y seguir cooperando con la sociedad civil, en particular con los defensores de los derechos humanos, tomando disposiciones adicionales a fin de crear un entorno favorable para los miembros de las organizaciones de la sociedad civil (Serbia);
131.110 Evitar toda enmienda legislativa susceptible de limitar desproporcionadamente el ejercicio del derecho a la libertad de reunión (Suecia);
131.111 Modificar la ley de seguridad ciudadana de modo que la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica no se vean limitados (Chile);
131.112 Tomar medidas para asegurar que en la legislación, en particular en las leyes relativas al derecho de todas las personas a reunirse y manifestarse pacíficamente, queden afirmadas las obligaciones internacionales de derechos humanos (Costa Rica);
131.113 Garantizar el pleno disfrute de los derechos a la libertad de reunión y la libertad de expresión, facilitar la celebración de reuniones pacíficas y revisar las leyes vigentes o abstenerse de adoptar nuevas leyes que restrinjan o frenen indebidamente el ejercicio de la libertad de reunión y la libertad de expresión (República Checa);
131.114 Aprobar instrumentos legislativos que definan la necesidad y la proporcionalidad del uso de la fuerza por la policía durante las manifestaciones de la población civil (Federación de Rusia);
131.115 Crear mayor conciencia entre las fuerzas de seguridad en lo que atañe al respeto de los derechos humanos durante las manifestaciones a fin de garantizar el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión y de asociación (Suiza);
131.116 Intensificar las medidas destinadas a mejorar la empleabilidad y el acceso al empleo, especialmente entre los hombres y las mujeres jóvenes, y garantizar la igualdad de oportunidades entre ellos (Malasia);
131.117 Poner más énfasis en el empleo, especialmente en la reducción de la tasa de desempleo entre los jóvenes (China);
131.118 Abordar el desempleo entre los jóvenes y combatir eficazmente la discriminación de la que son objeto los migrantes en lo que se refiere a sus condiciones de trabajo y los requisitos que rigen el acceso al empleo (República Islámica del Irán);
131.119 Velar por la observancia de las leyes relativas a la discriminación en materia de empleo u ocupación, y por que los miembros de la comunidad romaní tengan las mismas salvaguardias jurídicas incluyentes, los mismos salarios y las mismas condiciones de trabajo que los demás (Estados Unidos de América);
131.120 Garantizar plenamente la seguridad y los derechos económicos y sociales de los trabajadores migratorios, en particular los que se hallan en situación irregular (Bangladesh);
131.121 Revisar y modificar, a la luz de las recomendaciones del presente examen, las medidas que puedan obstaculizar el acceso de los migrantes a derechos básicos como la salud, la educación y la vivienda, en particular en lo que atañe a las mujeres y los niños (Nicaragua);
131.122 Evaluar las consecuencias negativas de los ajustes presupuestarios en relación con el acceso universal a la salud y a la educación, en particular sus repercusiones en grupos vulnerables como los migrantes, las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de edad y los niños (Noruega);
131.123 Proceder a evaluar de manera sistemática los efectos de las medidas de austeridad en los grupos sociales más vulnerables, especialmente los niños (Argelia);
131.124 Examinar la posibilidad de priorizar las medidas para mitigar los efectos de la crisis económica (Sri Lanka);
131.125 Tomar disposiciones para garantizar que las medidas de austeridad no afecten negativamente los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente el derecho a una vivienda adecuada, la salud, la alimentación y la educación (Brasil);
131.126 Velar por que las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno sean mínimas, temporales, proporcionadas y no discriminatorias, y tener en cuenta las necesidades de los ciudadanos más pobres y desfavorecidos (Egipto);
131.127 Reanudar las medidas de protección y asistencia social para las personas más desfavorecidas afectadas por la crisis económica y financiera internacional (Cuba);
131.128 Reanudar tan pronto como sea posible las medidas de protección y asistencia social para las personas más afectadas por las graves secuelas de la crisis (Venezuela (República Bolivariana de));
131.129 Dar prioridad a la mejora de la situación de las personas que viven en la pobreza extrema a la hora de restablecer las medidas de protección y asistencia social (Eslovenia);
131.130 Proseguir sus esfuerzos para garantizar plenamente los derechos económicos y sociales de todos los grupos vulnerables, incluidos los inmigrantes y las personas con discapacidad (República de Corea);
131.131 Seguir adoptando medidas orientadas a garantizar el acceso a los servicios de atención sanitaria y la asistencia jurídica para los grupos vulnerables, incluidos los migrantes, independientemente de su situación migratoria (República de Moldova);
131.132 Introducir reformas para proteger los derechos económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo, erradicar la pobreza y reducir el desempleo y las desigualdades sociales (Pakistán);
131.133 Considerar la posibilidad de adoptar una política global integral para hacer frente a los desalojos forzosos de los propietarios que ya no puedan pagar sus hipotecas (Eslovaquia);
131.134 Promover la revisión legislativa pertinente para alentar los acuerdos entre los particulares y las instituciones financieras con el fin de evitar los desalojos (Venezuela (República Bolivariana de));
131.135 Considerar la posibilidad de adoptar medidas de amplio alcance que ofrezcan garantías suficientes para proteger los derechos de las personas migrantes, en particular en relación con el derecho a la vivienda (Ecuador);
131.136 Garantizar el acceso a la atención sanitaria y una cobertura sanitaria eficaz para todas las personas, sin discriminación (Tailandia);
131.137 Brindar acceso a la atención sanitaria a todas las personas que residan en España, independientemente de su situación administrativa (ex República Yugoslava de Macedonia);
131.138 Garantizar el acceso a los servicios básicos de atención sanitaria y asistencia médica a todas las personas que residan en España, sin discriminación, incluidos los migrantes en situación irregular (Uruguay);
131.139 Revisar la reforma del sector de la salud a fin de garantizar los servicios de atención sanitaria para los migrantes (India);
131.140 Facilitar el acceso de los niños pertenecientes a los grupos más vulnerables a servicios de salud y educación (Argelia);
131.141 Estudiar la posibilidad de incorporar la cuestión de la salud sexual y reproductiva en los planes de estudios escolares (Eslovenia);
131.142 Proseguir sus esfuerzos encaminados a aumentar el presupuesto para la educación con miras a asegurar una remuneración adecuada de los maestros, y adoptar las medidas necesarias para garantizar una educación de calidad y en condiciones de igualdad, independientemente del origen étnico, el género y la discapacidad de los estudiantes (México);
131.143 Proteger el sector de la enseñanza primaria manteniendo presupuestos suficientes y adecuados (Bahrein);
131.144 Proseguir sus esfuerzos por reducir el abandono temprano de la educación y la formación (Myanmar);
131.145 Adoptar las medidas necesarias para reducir la tasa de abandono escolar temprano (Turquía);
131.146 Seguir tomando medidas para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a una educación básica de calidad para todos los niños del país, incluidos los hijos de migrantes (Filipinas);
131.147 Velar por la igualdad de oportunidades de educación para los hijos de los migrantes y los romaníes en particular (Polonia);
131.148 Proseguir los esfuerzos para garantizar el derecho a una educación incluyente para todos los niños, incluidos los niños pertenecientes a minorías o inmigrantes (Senegal);
131.149 Tomar medidas para seguir mejorando el acceso a la educación de los niños de origen inmigrante (Bangladesh);
131.150 Tomar las medidas necesarias para mejorar el acceso a la educación de los niños pertenecientes a minorías y de los niños de familias inmigrantes, así como para elaborar programas orientados a reducir la tasa de abandono escolar (ex República Yugoslava de Macedonia);
131.151 Elaborar las iniciativas necesarias para prevenir y combatir cualquier tipo de segregación de los alumnos gitanos en las escuelas (Venezuela (República Bolivariana de));
131.152 Velar por que todas las personas con discapacidad reciban protección contra la discriminación y tengan igualdad de oportunidades independientemente de su nivel de discapacidad (Jordania);
131.153 Elaborar medidas de protección de amplio alcance contra la denegación de los derechos de las personas con discapacidad a servicios e instalaciones y a la igualdad de derechos (Libia);
131.154 Seguir aplicando medidas para asegurar la plena participación de los sectores de la sociedad civil que representan a las personas con discapacidad en el actual proceso de reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en lo referente a la cuestión de la capacidad de obrar, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (México);
131.155 Intensificar sus esfuerzos por seguir mejorando la situación relativa a la protección de los derechos de las personas con discapacidad (Chipre);
131.156 Velar por que las personas con discapacidad tengan derecho de voto (Ghana);
131.157 Adoptar nuevas medidas para garantizar la plena participación de las personas con discapacidad en la vida política y pública del país, y asegurar que tengan igualdad de oportunidades (Grecia);
131.158 Proseguir y redoblar los esfuerzos encaminados a la plena integración de la comunidad gitana y otras minorías (Montenegro);
131.159 Aplicar la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana a fin de cumplir los objetivos previstos para su comunidad social (Albania);
131.160 Intensificar las medidas para combatir la discriminación contra la población gitana a fin de mejorar su acceso a la educación, la vivienda, la salud y el empleo (India);
131.161 Reforzar las medidas para erradicar la discriminación contra la población inmigrante, así como para mejorar la situación de la comunidad gitana y su integración en la sociedad española (Azerbaiyán);
131.162 Seguir fortaleciendo la cooperación con los países de origen, de tránsito y de destino para hacer frente a la migración irregular (Tailandia);
131.163 Garantizar explícitamente la igualdad de derechos ante la ley de los no ciudadanos (Israel);
131.164 Garantizar la igualdad de trato ante la ley de los no ciudadanos (Honduras);
131.165 Observar el derecho de las personas a ponerse en contacto con el consulado de su país (India);
131.166 Adoptar medidas eficaces para estabilizar la situación en la esfera de los derechos de los migrantes, entre otras cosas poniendo fin a la práctica de la repatriación forzosa no autorizada de migrantes (Federación de Rusia);
131.167 Fortalecer las medidas destinadas a garantizar el pleno disfrute de los derechos de los migrantes, así como la investigación y el castigo de los discursos de odio y otros actos de discriminación contra ellos, en particular los perpetrados por funcionarios de las instituciones policiales, judiciales y penitenciarias y de los servicios de inmigración (Argentina);
131.168 Proseguir sus esfuerzos por garantizar que el trato reservado a los migrantes y solicitantes de asilo se ajuste a las normas internacionales pertinentes (Japón);
131.169 Proseguir sus esfuerzos para salvaguardar los derechos de los migrantes, y proporcionar fondos suficientes para las políticas de integración de los migrantes (Jordania)
131.170 Tomar nuevas medidas para garantizar los derechos de los migrantes tanto en situación regular como irregular (Turquía);
131.171 Aplicar medidas para que todas las disposiciones tomadas sean conformes con las garantías y salvaguardias establecidas en virtud de los instrumentos internacionales de derechos humanos, en particular al tratar con migrantes y otras personas vulnerables (Costa Rica);
131.172 Adoptar más medidas apropiadas para mejorar la integración de los migrantes en la sociedad y erradicar la pobreza entre los grupos vulnerables, especialmente los niños (Angola);
131.173 Velar por el respeto de las garantías procesales, incluido el acceso a un abogado y a un intérprete, para los migrantes interceptados al ingresar de forma irregular en las ciudades autónomas (Israel);
131.174 Asegurar que todos los migrantes recluidos tengan acceso a servicios básicos y a condiciones de vida adecuadas (Canadá);
131.175 Seguir fortaleciendo la protección de los derechos y de la dignidad de los extranjeros sometidos a controles de identidad o a procedimientos de expulsión (Túnez);
131.176 Velar por la pronta investigación de las denuncias de malos tratos infligidos por las fuerzas de seguridad a los migrantes en la frontera a fin de asegurar que sean examinadas de conformidad con las obligaciones internacionales de derechos humanos (Canadá);
131.177 Garantizar el acceso a procedimientos de asilo eficaces, en consonancia con el derecho internacional, y la compatibilidad de las políticas de migración con el principio de no devolución y la legislación de la Unión Europea (Noruega);
131.178 Garantizar el acceso a procedimientos de asilo eficaces, conformes con el derecho internacional, y velar por que las políticas de migración respeten plenamente el principio de no devolución y se ajusten a la legislación de la Unión Europea (Suecia);
131.179 Respetar plenamente el principio de no devolución y asegurar el acceso efectivo a los procedimientos de asilo para las personas que huyan de violaciones de los derechos humanos (Uruguay);
131.180 Revisar las actuales prácticas de expulsión de migrantes en Ceuta y Melilla, así como la propuesta de modificación de la legislación de seguridad nacional de España a fin de garantizar el derecho de las personas a solicitar asilo (Austria);
131.181 Velar por que el marco jurídico de España relativo a los migrantes, los refugiados y los solicitantes de asilo cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, entre otras cosas en lo que se refiere a las garantías procesales, con especial atención a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (Canadá);
131.182 Asegurar que la legislación de inmigración y sus propuestas de enmienda sean conformes con el principio de no devolución y la prohibición de los tratos inhumanos o degradantes, sobre todo las disposiciones que permiten la devolución sumaria de los migrantes y los refugiados sin las debidas garantías procesales (República Checa);
131.183 Adoptar medidas apropiadas para garantizar que el protocolo marco para la protección de los niños migrantes sea compatible con las normas internacionales y se aplique y supervise de manera eficaz (Filipinas);
131.184 Adoptar medidas legislativas que refuercen la protección de los menores extranjeros no acompañados (República Islámica del Irán);
131.185 Adoptar medidas legislativas y administrativas para proteger mejor a los niños migrantes no acompañados (Togo);
131.186 Adoptar medidas legislativas para fortalecer la protección de los menores extranjeros no acompañados (ex República Yugoslava de Macedonia);
131.187 Adoptar las medidas apropiadas para que las normas internacionales y el principio del interés superior del niño se respeten en los casos de repatriación de niños no acompañados, y adoptar medidas legislativas para impedir que se conviertan en víctimas de la trata (Honduras);
131.188 Ultimar un plan de acción nacional sobre las empresas y los derechos humanos a efectos de la aplicación de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte);
131.189 Contribuir, junto con las partes interesadas de la sociedad civil de España, a la realización de iniciativas sobre la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a las empresas transnacionales y los derechos humanos en el marco del Consejo de Derechos Humanos, teniendo en cuenta que la cuestión de las empresas es una de las seis prioridades de la política exterior española en la esfera de los derechos humanos (Ecuador).
132. Todas las conclusiones y/o recomendaciones que figuran en el presente informe reflejan la posición del Estado o de los Estados que las presentaron y/o del Estado examinado. No debe interpretarse que han recibido el respaldo del Grupo de Trabajo en su conjunto.
Anexo
[Inglés únicamente]
Composition of the delegation
The delegation of Spain was headed by Mr. Ignacio Ybáñez, Secretary of State for Foreign Affairs and composed of the following members:
Mrs. Ana María Menéndez, Ambassador, Permanent Representative, Permanent Mission of Spain to the Office of the United Nations and International Organizations in Geneva;
Mr. Javier Sanabria, Director General for the United Nations and Human Rights, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation;
Ms. Cristina Fraile, Director of the Office of Human Rights, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation;
Mr. Jorge Vazquez, Technical Advisor of the Cabinet of the Secretary of State for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Cooperation;
Mr. Javier Gómez de Agüero, Advisor of the Secretariat of State for Justice, Ministry of Justice;
Ms. Eugenia Hernández, Advisor to the Directorate General for International Legal Cooperation and Relations with the Confessions, Ministry of Justice;
Ms. Almudena Darias de las Heras, Assistant Deputy Director General for Justice Affairs in the EU and International Organisations, Ministry of Justice;
Ms. Laura Fernández Castro, Advisor of the Cabinet of the Under- Secretary for Economy and Competitiveness, Ministry of Economy and Competitiveness;
Mr. Pascual Tomás, Counsellor for Financial Affairs, before the Office of the United Nations and International Organizations in Geneva, Ministry of Finance and Public Administration;
Mr. Joaquín Támara, Deputy Director General, Office for Asylum, Ministry of the Interior;
Mr. Juan Carretero, Advisor to the Cabinet of the Secretary of State for Security, Ministry of Interior;
Mr. Francisco González Pacheco, Assistant Deputy Director General for International Relations, Immigration and Aliens, Ministry of Interior;
Ms. Teresa Udaondo, Technical Advisor for Multilateral Organizations, Ministry of Education, Culture and Sports;
Ms. Valle Ares, Advisor of the Cabinet of the Secretary of State for Parliamentary Relations, Ministry of the Presidency;
Mr. Rubén Moreno, Secretary General for Health and Consumption, Ministry of Health, Social Services and Equality;
Mr. Ignacio Sola, Deputy Director General for Equal Treatment and Non-Discrimination, Ministry of Health, Social Services and Equality;
Mr. Luis Angel Redondo, Counsellor, Permanent Mission of Spain to the Office of the United Nations and International Organizations in Geneva;
Mr. Vicente Cacho, First Secretary, Permanent Mission of Spain to the Office of the United Nations and International Organizations in Geneva.